sábado, 15 de octubre de 2011

EL FIN DE LAS CONCESIONES EXTRANJERAS

ADEMÁS MODIFICAN LEY PORTUARIA PARA QUE SECTOR DEFENSA VIGILE INVERSIONES EN LOS PUERTOS

VICE MINISTRO DE TRANSPORTES IMPLICADO EN CONCESIONES QUE LESIONAN LA DIGNIDAD DEL PAÍS

CENSURADO
Su nombramiento en Agosto como vice ministro de Transportes fue cuestionado por la opinión pública. Posteriormente en Setiembre fue citado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso que preside el congresista Víctor Isla Rojas donde fue censurado por los titulares de esta comisión que, tras la exposición del vice ministro, acordó formar un grupo de trabajo dirigido por Rogelio Canches e integrado por Roberto Angulo, Carlos Tubino y Enrique Wong. Este grupo de trabajo investigará responsabilidades en las supuestas irregularidades en la concesión del puerto del Callao en un plazo de 60 días.

El vice ministro Chang Chiang fue citado al Congreso a solicitud de los trabajadores portuarios, quienes presentaron un pedido a la Comisión de Transportes y Comunicaciones para investigar al vice ministro por su conocida participación en procesos de concesión de bienes del Estado en perjuicio de la nación. Sin embargo a pesar de ya haberse iniciado las gestiones del grupo de trabajo que preside el congresista Canches, PROINVERSIÓN seguiría adelante en los procesos de privatización.
El vice ministro Chang Chiang presenta un expediente profesional en el que se encuentra vinculado a gestiones del Estado desde el gobierno de Alberto Fujimori, del cual fue asesor en el Ministerio de Energía y Minas. Durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García se le encuentra trabajando en OSITRAN de donde se le relaciona con procesos de concesión a empresas transnacionales.
Denuncian a la tecnocracia neoliberal en el Estado
Parece ser que los funcionarios del Estado de alto nivel siguen siendo los mismos desde la época de Alberto Fujimori, recordemos que a Salomón Lerner Gihits, actual Premier, también se le encuentra muy cercano al Estado durante los gobiernos de Fujimori y Toledo, aún desde Velasco. Nombres de personajes tan conocidos como Joy Way y Jaime Yoshiyama están por ahí cerca en lo que parece ser una red tecnócrata dedicada a poner a la nación al servicio de extranjeros a través de sus gestiones en el Estado. El Gobierno de Ollanta Humala parece seguir la misma línea desde el Ejecutivo, aunque en el Congreso y Poder Judicial pareciera haberse dado inicio a la Gran Transformación. En el Ejecutivo los tecnócratas de los 90`s y de antaño todavía siguen atando y desatando siguiendo desfasadas teorías económicas neoliberales, caducadas en la pasada década y cuya principal consecuencia es esta crisis económica internacional que se origina en Estados Unidos y Europa. De seguir primando funcionarios de la “tecnocracia neoliberal” en el Estado peruano, es muy posible que el Perú no sufra la esperada Gran Transformación. La Gran Transformación exige un cambio de mentalidad e ideología desde arriba, es por esto necesario renovar la ideología del Estado porque los paradigmas económicos en Occidente ya han caído y se siguen cayendo.

TRAICIÓN A LA PATRIA
El aspecto más irregular y extraño es que la concesión del puerto del Callao ha sido entregada a la empresa danesa MERCKS por supuestamente 340 millones de dólares sin ninguna inversión adicional en infraestructura cuando la empresa árabe DUBAI PORTS había ofrecido 1,300 millones de dólares además del pago de pensiones y jubilaciones a los trabajadores. También ha trascendido que en la concesión que se estaría por ofertar a la empresa británica APM Terminals el Perú estará entregando 2500 millones de dólares en infraestructura por nada a cambio. Todos estos procesos de entrega de las instalaciones del Puerto del Callao han sido realizadas a toda prisa durante los últimos meses del gobierno aprista. Con estas privatizaciones ENAPU entraría en quiebra y con ellos la economía de las familias peruanas de sus trabajadores y jubilados. Los congresistas Canches y Wong han señalado que estos son actos de traición a la patria.

NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
Sin embargo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara anticonstitucionales los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 firmados por el Ejecutivo durante los últimos meses del gobierno de Alan García, estos procesos de concesión quedarían anulados.
“El gobierno aprista ha firmado decretos de urgencia de manera masiva”, afirman fuentes desde el despacho del congresista Canches. “En cinco años el Ejecutivo a través de los D.U. ha dado tantas leyes como el Congreso”, afirma la fuente. “Estos D.U. facilitan, favorecen, agilizan, simplifican los procedimientos de concesión, pasando por alto normas como la LEY DEL SISTEMA PORTUARIO”.
Estos D.U. declaraban de “necesidad nacional” la ejecución “prioritaria” por parte de PROINVERSIÓN de 33 proyectos de inversión, entre ellos el Muelle Norte del Callao.

APRUEBAN ANTEPROYECTO DE LEY
Por otro lado la Comisión de Transportes y Comunicaciones acaba de aprobar un dictamen que propone modificar la LEY DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL. Esta modificación tiene como objetivo salvaguardar la defensa y soberanía nacional en todos los puertos del país a través de la participación de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Defensa en la elaboración de todo proyecto vinculado al desarrollo o inversión en los puertos peruanos.
CARTA AL MINISTRO DE TRANSPORTES
Una vez conocida y estudiada la sentencia del TC que declara anticonstitucionales los D.U. 001 y 002 – 2011, el congresista Rogelio Canches, representante de la región Callao, ha remitido una carta al Ministro de Transportes y Comunicaciones exhortándole a que “disponga la suspensión de la firma del Convenio de Estabilidad Jurídica con la empresa APM Terminals” en razón a que “diversas instituciones y autoridades han señalado que en la medida que las concesiones otorgadas se apoyan en Decretos de Urgencia que han sido declarados anticonstitucionales, dichas concesiones vendrían en nulas” por lo que se hace necesario dejar en suspenso cualquier acción que perfecciones el contrato a fin de no seguir incurriendo en actos que agraven la situación jurídica del país”.