-“Si hacemos
públicas investigaciones por espionaje internacional nos estamos haciendo
cómplices del delito”.
-Red de espías que trabaja para Chile ya
habría sida alertada por medios de comunicación.
POR JULIO HERRERA AC&SE
En opinión del almirante
Jorge Montoya, ex Jefe del Comando Conjunto, la prensa no debe informar ni
hacer públicos estos casos de espionaje en los que están en riesgo los
intereses y la soberanía nacional porque todo lo avanzado en las
investigaciones, al hacerse público el caso, se pierde debido a que detrás de
las personas detenidas hay una red de contactos directos e indirectos que son
alertados a través de los medios de comunicación. “Si hacemos público el caso,
nos estamos haciendo cómplices del delito. Si es que esto no está especificado
de esta forma en la legislación habría que incluirlo porque no se puede hacer
una investigación por espionaje haciéndola pública”, indica el almirante Jorge Montoya.
Al parecer este
caso se estaba llevando de forma reservada por razones de seguridad nacional,
sin embargo el caso se filtró a la prensa. ¿Podría explicarnos?
Este
caso se estaba llevando en forma reservada por la naturaleza del proceso. Si
hacemos público el caso, nos estamos haciendo cómplices del delito. Si es que esto
no está especificado de esta forma en la legislación habría que incluirlo
porque no se puede hacer una investigación por espionaje internacional haciéndola
pública. Toda la red que existe detrás del caso desaparece. Quienes pertenecen
a la red quedan alertados. En las redes de espionaje hay gente de contacto
directo y de contacto indirecto. En estos casos las investigaciones son muy
complejas, no es sencillo y no puede hacerse con la prensa al costado, la
prensa puede estar en otros casos. En
casos en los que se compromete la soberanía nacional no se puede contar con la
participación de la prensa. La prensa debe investigar pero debe tener
principios, y cuando afecta a la seguridad nacional en una investigación de
suma importancia debe haber prioridades en un medio de comunicación. Este medio
aprobó la transmisión, no estoy de
acuerdo, creo que se equivocaron. Este asunto no se puede manejar abierta y públicamente
porque se rompe toda la investigación. En casos como éste hay que investigar
cuál es la red que está detrás de esto porque no se trata de una sola persona.
¿Cómo es que si
el caso se llevaba de manera reservada, se hizo público por medio de la prensa?
Esta
investigación se estaba llevando en secreto hasta el día miércoles, en el que
el abogado defensor lleva la prensa al
proceso, la prensa irrumpe en la sala y filma. Se pidió al canal que no
transmitiera la información, sin embargo lo hizo, quebrando toda la
investigación. Un caso que se debió haber llevado de manera profesional,
con las pruebas concretas para hacerlas públicas y darlas a conocer al país
vecino, se rompió por una información acelerada de las noticias que no tenían
que hacerse públicas. Ahora estamos en otro escenario, estamos en un escenario en donde lo que se estaba
haciendo no se va poder cumplir con la
eficiencia que se quería.
¿Cuándo se
iniciaron las investigaciones?
La
Marina detecta este caso de espionaje a
través de su servicio de contrainteligencia a principios del año pasado,
entonces empieza un proceso de investigación, el cual no podía hacerse público,
tenía que ser por su naturaleza estrictamente reservado hasta tener las
evidencias que se pudiesen convertir en pruebas iniciales para detener a las
personas implicadas, siguiendo el debido proceso. Eso objetivo se consigue a
partir de junio pasado del año pasado cuando se les detiene y se comienza el proceso
de investigación fiscal a cargo de la fiscalía militar, un proceso totalmente
reservado. Pero ahora esto ya dejó de ser reservado, ahora debemos manejarnos
en otro escenario, un escenario internacional complicado porque Chile ya debe
estar alertado.
El caso Vargas
Garayar y el caso Ariza: antecedentes de espionaje
Constitución de
1933 ordenaba el fusilamiento inmediato por “traición a la Patria”
Anteriormente
ha habido dos casos de espionaje que han atentado contra la seguridad y la soberanía
nacional. En ambos casos, lamentablemente, se trató de personal militar. El
primero de ellos tuvo lugar en 1978, y el segundo en el 2009. En el primer caso
el acusado fue el ex suboficial FAP Julio Vargas Garayar, por entregar valiosa
información sobre la base aérea de La Joya al gobierno chileno. En el segundo
caso, el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza,
también fue acusado de entregar información clasificada y secreta a Chile.
Entre
los años 1976 y 1978, el ex suboficial FAP Julio Vargas Garayar, quien
trabajaba en la embajada de Chile en Lima tras ser dado de baja, fue contactado
por oficiales del ejército chileno quienes le convencieron de desempeñarse como espía pidiéndole realizar fotografías de la base aérea de la
FAP en La Joya (Arequipa). El suboficial Vargas Garayar, fue prontamente
descubierto, acusado de espionaje y sentenciado a muerte en un juicio sumario
ante un tribunal militar, conforme la Constitución peruana de 1933. El Consejo
de Ministros negó el indulto al condenado y el 20 de enero de 1979 Vargas
Garayar fue fusilado por el cargo de traición a la patria.
Los
medios de comunicación en el Perú estaban censurados en esa época por la
dictadura militar. La revista limeña Caretas publicó el caso pero la edición
fue confiscada y al día siguiente la
revista fue clausurada temporalmente.
El
caso fue hecho público a través de la agencia internacional UPI, que difundió
la noticia de modo parcial. Al hacerse mundialmente conocido el fusilamiento de
Vargas Garayar, el gobierno peruano emitió un comunicado público. El caso
permaneció en la absoluta reserva hasta 1980.
En su defensa, Vargas Garayar señaló que se cometía una injusticia
debido a que él trabajaba para el servicio peruano de contrainteligencia y que
la información proporcionada al gobierno chileno era de escaso valor.
En
el caso Ariza, el 14 de noviembre de 2009 el Gobierno del Perú denunció a Chile
por el caso reciente de un espionaje supuestamente realizado por militares
peruanos desde el año 2004, implicando al suboficial de la Fuerza Aérea Peruana
(FAP) Víctor Ariza Mendoza y al técnico inspector Justo Rufino Ríos Aguilar,
quienes fueron acusados de entregar información clasificada y secreta a Chile.
